Por Jorge M. D`Agostino
El anarcocapitalismo promete abolir el Estado y sus defensores más influyentes prefieren un poder concentrado, que imponga el mercado despreciando las reglas democráticas. La derecha radical, donde se posa el libertarismo, se ubica en el lugar en el que acepta competir en elecciones, pero ataca las bases del sistema democrático al no cumplir las reglas de la constitución.(Según Mudde, 2019)
Menos Estado social, más Estado de autoridad
La doctrina observó que a mayor libertarismo se acentúa la tendencia autoritaria y el Estado se retira de la política social pero no de la represión, avanzando sobre derechos constitucionales afectando la democracia, pero no a los poderes económicos. El patrón se repite: cuanto más extremista es el programa de mercado, más poder concentrado necesita para vencer la resistencia social que provoca.
Un programa que considera ilegítimos los derechos sociales, la negociación colectiva y la protesta, tenderá a vivir la división de poderes como un obstáculo y no como una garantía.
Las referencias
Los referentes intelectuales que el presidente cita con más frecuencia no son ajenos a la tentación autoritaria. En cada caso, cuando la libertad económica y la democracia entran en conflicto, la elección declarada favorece a la primera.
Al que mas nombra es a Murray Rothbard que publicó «Right-Wing Populism»(1992). Allí proponía que los libertarios abandonaran a las élites liberales y se aliaran con el populismo de derecha, con un programa que incluía dar rienda suelta a la policía contra delincuentes y vagabundos y atacar a las élites mediáticas y académicas. Es el puente explícito entre anarcocapitalismo y derecha radical. El presidente lo reconoce como oráculo y uno de sus perros se llama Murray.
Nuestro nuevo vecino de la CABA, y recibido es Casa Rosada, Peter Thiel en 2009, en «The Education of a Libertarian» escribió que ya no creía que libertad y democracia fueran compatibles. De ese ambiente surgió la llamada neo-reacción que propone gobernar el Estado como una empresa dirigida por un CEO.
El hilo común es claro: la libertad que se defiende es la libertad de mercado, no la libertad política y lo vemos analizando la respuesta que el gobierno tiene contra las manifestaciones, por ejemplo el 15 de octubre de 2026 fue la quinta marcha pacífica de estudiantes universitarios, donde hubo 30 detenidos y 550 personas afectadas por la enormidad de gases aplicados.
El anarcocapitalismo enseña teoría, la derecha radical del libertario aporta la práctica.
En la Argentina, se traduce en: «argentinos de bien» contra «la casta». Lo novedoso es que la casta incluye no sólo a los dirigentes, sino a las instituciones que median entre el pueblo y el líder: el Congreso, los gobernadores, la prensa, las universidades, los sindicatos. Con el implante de estas tensiones se forma el discurso público.
Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (Cómo mueren las democracias, 2018) propusieron cuatro señales de alerta frente a un líder: rechazo de las reglas del juego, negación de la legitimidad de los adversarios, tolerancia o fomento de la violencia, y disposición a restringir libertades de opositores y medios.
- La negación de la legitimidad del adversario está presente todos los días: “casta”, “zurdos”, “ensobrados”.
- La disposición a restringir a la prensa ya no es una amenaza velada, es un hostigamiento que se expresa con nombre y apellido
- El rechazo de las reglas del juego aparece en los DNU sin urgencia y en las leyes insistidas que no se cumplen.
- La cuarta señal, el fomento de la violencia, es la que todavía separa a la Argentina de un autoritarismo consumado, y por eso cada frase presidencial que la roza merece ser registrada.
El gobierno del presidente combina un discurso que niega la legitimidad del Estado con un uso intensivo de las herramientas excepcionales del Poder Ejecutivo y gobierna con la excepción como regla: firmó en menos de dos años 82 decretos de necesidad y urgencia, (dato de Chequeado.com) aunque el artículo 99, inciso 3, de la Constitución le prohíbe, “bajo pena de nulidad absoluta e insanable”, dictar disposiciones de carácter legislativo salvo que sea imposible seguir el trámite ordinario.
El Congreso funcionó durante todo el período, sesionó, votó y hasta anuló un DNU por primera vez en la historia.
La urgencia no estuvo en la imposibilidad de legislar, sino en la voluntad de no someterse al debate.
Aportes presidenciales al discurso público
En junio de 2024, ante el medio estadounidense The Free Press, el presidente dijo: «Amo ser el topo dentro del Estado» En diciembre de ese año, ante The Wall Street Journal, definió al Estado como una organización criminal financiada con impuestos que nadie paga voluntariamente
La justicia social, categoría con rango constitucional en el artículo 75, inciso 19, es para él una idea repugnante.
El 19 de octubre de 2026, en la apertura de la Argentina Oil & Gas Patagonia en Neuquén, calificó de «pelotudez del tamaño de una casa» la afirmación de que dos tercios de los argentinos no llegan a fin de mes, porque no podrían vivir 10 días sin comer ni beber. Acusó a «los corruptos de los medios» de difundirla. Dos días después, en Madrid, llamó «impresentable dictador» al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y descalificó en público a la periodista Julia Molina, de la Cadena SER.
El 23 de octubre, tras su sobreseimiento en la causa $LIBRA, el Presidente dijo que los periodistas que investigaron el caso “se tienen que quemar en la hoguera”, y los nombró uno por uno.
La violencia verbal no es un rasgo de carácter: es un instrumento de gobierno que marca el sentido que ha tomado esta gestión presidencial, donde quien no piensa como el Presidente, se convierte en enemigo.
En “Ríos y otros vs. Venezuela” y “Perozo y otros vs. Venezuela” (ambos de 2009) la Corte IDH sostuvo que las declaraciones reiteradas de altos funcionarios contra periodistas pueden crear un clima de hostilidad que aumenta su vulnerabilidad, y que el Estado tiene un deber reforzado de prevención
Esto es un síntoma del autoritarismo, que el ejecutivo acompaña con algunas prácticas de gobierno, a saber:
| Medida | Norma | Cuestión constitucional | Respuesta institucional |
| Megadecreto de desregulación, con más de 300 reformas y derogación de leyes | DNU 70/2023 | Art. 99 inc. 3 CN; doctrina de Verrocchi (1999) y Consumidores Argentinos (2010): el DNU exige imposibilidad real de seguir el trámite legislativo | El Senado lo rechazó y Diputados no lo trata. Esta vigenteLa Cámara Nacional del Trabajo declaró inconstitucional el capítulo laboral el 30 de enero de 2024 |
| Designación de dos jueces de la Corte en comisión | Decreto 137/2025 | Art. 99 incs. 4 y 19 CN: el acuerdo del Senado no es salteable para el máximo tribunal | El Senado rechazó los pliegos de Lijo y García-Mansilla; las vacantes siguen abiertas |
| Fondos reservados para la SIDE | DNU de 2024 | Art. 99 inc. 3 CN y Ley 26.122 | Primer DNU anulado por el Congreso desde 1994 |
| Vetos a jubilaciones, moratoria y emergencia en discapacidad | Decreto 534/2025 (Leyes 27.791 a 27.793) | Art. 83 CN: el veto es legítimo, La insistencia por dos tercios obliga a la ejecución | Diputados insistió con 172 votos en discapacidad; el Gobierno promulgó suspendiendo su ejecución y la Justicia ordenó aplicarla. En Octubre/2026 la Cam. de Dip. dió ½ sanción de una nueva ley de discapacidad. |
| Vetos al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica | Decretos 647/2025 y 651/2025 | Art. 83 CN | Ambas cámaras insistieron en octubre de 2025; promulgadas con ejecución postergada por el Dec. 759/2025 |
Una observación: el veto es una atribución constitucional y su uso no es, por sí, un síntoma autoritario. Lo inconstitucional es el paso siguiente, y así lo declaró la Justicia respecto del Decreto 759/2025: suspender por decreto la ejecución de una ley vetada e insistida con dos tercios convierte la reglamentación del artículo 99, inciso 2, en un segundo veto, esta vez de hecho, que la Constitución no permite.
La confusión deliberada entre derecha e izquierda
El presidente no confunde derecha e izquierda por ignorancia: las redefine con un único criterio, la presencia del Estado, y así todo lo que no sea su programa libertario queda del lado del «socialismo». El efecto político es borrar el centro y convertir a cualquier adversario en enemigo.
Norberto Bobbio, en Derecha e izquierda (1994), propuso el criterio que la ciencia política sigue usando: la actitud frente a la igualdad. La izquierda considera que la mayoría de las desigualdades son sociales y corregibles; la derecha las considera naturales o inevitables.
Con el criterio de Bobbio, el nazismo y el fascismo son de derecha extrema, antiigualitarios por definición. El presidente, en cambio, sostuvo en enero de 2025 que los nazis «eran de los zurditos» por llamarse nacionalsocialista. Lo repitió el 21 de septiembre de 2026 en la televisión francesa, ubicando a Hitler y a Mussolini dentro del socialismo. La historiografía es unánime en sentido contrario: el fascismo destruyó los sindicatos y gobernó aliado con las élites económicas.
La desorientación es alarmante, pero no es nueva: Mises y Hayek, de la Escuela Austríaca de la que el Presidente se declara heredero, ya habían agrupado bajo el rótulo de “colectivismo” al comunismo soviético, al New Deal, al Estado de bienestar europeo y al nazismo.
Pensemos que con esa vara, Alfonsín, el Papa Francisco o la socialdemocracia nórdica pertenecen a la misma familia que Stalin.
El eje que va del autoritarismo a la libertad es otro, transversal: hay derechas democráticas y autoritarias, e izquierdas democráticas y autoritarias.
Conclusión
El anarcocapitalismo fundamenta algo sutil: la idea de que la democracia es legítima sólo mientras no se vote contra las ideas del mercado libre y total.
Por ahora la recesión, el endeudamiento popular, la pérdida del valor adquisitivo del dinero, el cierre de empresas y el exceso de empleo en negro, se minimizan con la baja de la inflación y la estabilización fiscal. La Macroeconomía contra la Microeconomía, y en el medio viven personas.
En la Argentina, la unión de anarcocapitalismo y derecha radical produce un Ejecutivo que declara odiar al Estado mientras usa todas sus herramientas excepcionales, que niega diagnósticos sociales elementales y que redefine «izquierda» hasta que la palabra abarca a todo el que disiente.
Es complejo predecir si este ritmo, tiene o no límites.
Aunque con altibajos, el Congreso presenta los contrapesos que todavía funcionan. La tarea del constitucionalismo es que sigan funcionando: exigir el estándar de la CSJN en Verrocchi y Consumidores Argentinos para cada DNU, la mayoría del artículo 77 de la CN para reformas electorales y recordar que la cláusula del artículo 29 de la CN fue escrita, precisamente, contra quienes prometen salvar a la República concentrando el poder: “Artículo 29.- … Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria
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Jurisprudencia CSJN, Verrocchi, Ezio Daniel c/ Poder Ejecutivo Nacional, Fallos 322:1726 (1999).CSJN, Consumidores Argentinos c/ EN, Fallos 333:633 (2010).Corte IDH, Ríos y otros vs. Venezuela, sentencia del 28 de enero de 2009, Serie C N° 194. Corte IDH, Perozo y otros vs. Venezuela, sentencia del 28 de enero de 2009, Serie C N° 195.
