por Jorge D´Agostino
El diseño original del Decreto de 2003, establecía el procedimiento para el ejercicio de la facultad que la Constitución le confiere al Presidente de la Nación para el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Decreto 222/2003 nació en un contexto de fuerte cuestionamiento a la legitimidad de la integración de la Corte Suprema y el Presidente Kirchner, eligió autolimitarse en sus facultades dado que la Constitución no exige ningún trámite previo para nominar los aspirantes a integrar la CSJN.
El Poder Ejecutivo decidió entonces, voluntariamente sujetar el procedimiento a publicidad y participación ciudadana antes de enviar el pliego al Senado. El decreto declaraba expresamente que su finalidad era «rodear de la mayor transparencia la decisión que el Presidente tome», e instrumentaba esa transparencia a través de tres mecanismos sustanciales: la publicación de antecedentes curriculares en el Boletín Oficial y en diarios de circulación nacional; la presentación de declaraciones juradas patrimoniales y de posibles conflictos de interés; y la apertura de un plazo de impugnaciones ciudadanas, individuales o a través de colegios profesionales, universidades y ONGs.
Se agregaba además, un pauta de evaluación que la Constitución no contempla puntualmente para este caso: la consideración de diversidad de género, especialidad profesional e integración regional y federal del Tribunal al momento de cada nominación.
Lo que el Decreto 467/2026 deroga expresamente
El artículo 11 del nuevo decreto derogó los artículos 3°, 6° y 7° del Decreto 222/03 (y, en paralelo, los artículos 5°, 6° y 7° del Decreto 588/03, que extendía un régimen análogo a la designación del Procurador y el Defensor General).
Esto implica la eliminación de:
- El criterio de la diversidad de género, las especialidades profesionales y el equilibrio regional y federal en la integración de la Corte desaparecen
- El mecanismo de impugnaciones ciudadanas se elimina. Se quita la posibilidad de que ciudadanos, colegios profesionales, asociaciones académicas u organizaciones de derechos humanos presenten observaciones fundadas sobre los candidatos en sede del Ministerio de Justicia, dentro del plazo de quince días posteriores a la publicación.
- Se suprime la facultad del Ministerio de requerir opinión a entidades profesionales, judiciales, académicas, sociales, políticas o de derechos humanos sobre los candidatos.
En conjunto, estas tres derogaciones desmontan el núcleo participativo y deliberativo del decreto de 2003, quedando la publicación de antecedentes y el régimen de declaraciones juradas patrimoniales y de conflictos de interés, mientras que todo mecanismo de intervención de terceros ajenos al propio candidato desaparece del ámbito administrativo.
Modificaciones que no derogan pero alteran sustancialmente el procedimiento
Más allá de las derogaciones puras, el decreto reduce términos, por ejemplo:
- La publicación de antecedentes se mantiene en su finalidad pero se elimina la exigencia de publicación en diarios de circulación nacional, dejando solo el Boletín Oficial y la página web del Ministerio.
- La presentación de las DDJJ en el ARCA se mantienen en su contenido sustancial pero incorporan plazos perentorios (cinco días) que el texto original no fijaba con la misma precisión, lo que el propio decreto justifica en la necesidad de celeridad frente al elevado número de vacantes.
La justificación invocada y su contraste con el diseño de 2003
El argumento central de los considerandos de 2026 es la denuncia de una «duplicación de instancias». Sostiene que la publicidad, participación ciudadana y escrutinio sobre idoneidad ya están garantizados en el procedimiento ante el Senado (conforme a los artículos 22 bis, 22 ter y 123 bis del Reglamento de la Cámara), por lo que la etapa administrativa equivalente en el Ministerio de Justicia resultaría redundante y ralentizaría el proceso.
Señalo críticamente 3 cuestiones:
1º) El decreto de 2003 no nació de una obligación constitucional sino de una decisión política de auto-restricción del Ejecutivo en un contexto de crisis de legitimidad judicial; su derogación parcial no es, en sentido estricto, un problema de constitucionalidad sino de oportunidad política, pero sí es relevante constitucionalmente preguntarse si la eliminación de instancias de participación ciudadana previa a la nominación presidencial debilita el control republicano en una etapa anterior y distinta a la que ejerce el Senado, dado que ambas etapas tienen lógicas, actores y momentos distintos: la etapa ministerial habilitaba el escrutinio social antes de que el Presidente decidiera a quién nominar, mientras que el control senatorial opera sobre una decisión ya tomada.
2º) El decreto de 2026 no deroga el mecanismo de impugnaciones del Reglamento del Senado, por lo que la comparación entre «instancias duplicadas» presupone que ambos procedimientos son funcionalmente equivalentes, lo cual es discutible: el procedimiento administrativo operaba sobre el universo de personas en consideración para el cargo, es decir, antes de la nominación formal, mientras que el procedimiento senatorial opera sobre el candidato ya nominado, cuando el margen de maniobra política para revertir la decisión presidencial es naturalmente menor.
3º) La eliminación de la composición diversa de la Corte no tiene equivalente funcional en el procedimiento senatorial, que se aboca al escrutinio del candidato individual y no a un balance de composición del cuerpo colegiado en su conjunto; aquí no hay duplicación de instancias sino lisa y llana supresión de un criterio sustantivo.
Lo que el Decreto 467/2026 consuma no es una simplificación administrativa ni una racionalización de plazos, es la restauración silenciosa de un modelo de designación donde la ciudadanía llega cuando la decisión ya está tomada y el margen para revertirla es políticamente nulo. El argumento de la «duplicación de instancias» es una coartada técnica para suprimir lo único que en 2003 distinguió a ese proceso de la discrecionalidad pura, la posibilidad de que un ciudadano, una universidad, un colegio de abogados o una organización de derechos humanos pusiera su nombre y sus argumentos frente al poder, antes de que el poder cerrara su lista.
Esa posibilidad no era un trámite burocrático redundante, era el reconocimiento institucional de que la Corte Suprema no pertenece al Presidente que nombra ni al Senado que confirma, sino a la sociedad que juzga.
Suprimirla no agiliza la democracia: la empobrece.
